La odisea de hacer un trámite El arancelamiento de la Justicia de Paz, las tramitaciones en escribanías y las documentaciones que se gestionan en las comisarías demandan un gasto que no todos pueden afrontar. Ahora, el municipio comenzó a gestionar algunas diligencias gratuitas en el ámbito de la comuna. Sin un certificado de pobreza, cualquier trámite que usted necesite hacer para acreditar o legalizar una situación o un documento le cuesta como mínimo 5 pesos. Para autenticar una firma, certificar un contrato, acreditar un cambio de domicilio o autorizar a sus hijos a viajar fuera del país, usted no sólo deberá indagar cuál es el organismo competente al cual recurrir, sino que además deberá resignarse a gastar una buena cantidad de dinero. Esa es la consecuencia de las nuevas regulaciones que afectan a los Juzgados de Paz y que indirectamente también llegan a la policía, las escribanías, las entidades oficiales y al propio municipio. En la mayoría de los sistemas, la fe pública, es decir, la facultad de dar valor de verdad a una situación o documentación, tiende a estar concentrada en pocos organismos o funcionarios. Actualmente en Roca, la facultad de "dar fe" quedó dispersa entre escribanos, juez de Paz, policía y hasta en funcionarios municipales de jerarquía media. En la comisaría Las comisarías de los distintos barrios están facultadas para certificar firmas, cambios de domicilio, emitir certificados de supervivencia y certificados de antecedentes, certificar fotocopias con los originales a la vista, emitir cédulas de identidad con valor provincial y tomar exposiciones, que son declaraciones o manifestaciones que suplantan precariamente a las declaraciones juradas. Cualquiera de estos trámites cuesta 5 pesos. Ese es el valor de una estampilla llamada R.P.V. (Recibo Policial Valorizado), cuya recaudación se deposita semanalmente en una cuenta especial de la provincia de Río Negro destinada a juntar fondos para el reequipamiento policial. Por mandato legal, los jubilados y pensionados no deben pagar el R.P.V., al igual que los alumnos de la Escuela Especial N° 2 y las personas que acrediten estado de indigencia. Debido al relativo "bajo costo" de las tramitaciones, las comisarías, y en especial la Tercera, están sobrecargadas de trabajo administrativo. En el Juzgado de Paz Desde que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia decidió arancelar los servicios de los Juzgados de Paz y redefinir sus funciones, la confusión fue el denominador común de la ciudadanía. Las certificaciones que se emitían gratuitamente desde allí ahora no sólo son aranceladas, sino que la mayoría de ellas han sido derivadas a organismos específicos como Anses, IPPV, el Consejo de Educación, el Registro Civil, etc. Ahora, el Juzgado de Paz de Roca se dedica fundamentalmente a legalizar y certificar todas las documentaciones que estén destinadas a salir de la provincia o del país. Por ejemplo, una autorización de viaje para un menor de edad cuesta en el juzgado 10 pesos. Además, por 10 pesos se toman declaraciones juradas de convivencia para ser presentadas ante obras sociales nacionales y por 20 se certifican firmas para tramitaciones internas. Cada fotocopia que se desea certificar tiene un valor de 1 peso por hoja, que se destina al pago de impuestos. Para poder tramitar sin costos, es necesario presentar un certificado de desocupación que es emitido por la Dirección de Trabajo. Por ahora, las funciones del Juzgado de Paz están muy limitadas, pero la Inspección de Justicia de la provincia está revisando a diario los alcances de las últimas acordada del STJ, con lo que todavía no está dicha la última palabra. En la escribanía Como el trabajo del escribano constituye en el fondo una profesión liberal, aunque con ciertos rasgos de función pública por ser ellos sí depositarios oficiales de la fe pública, estos tienen derecho de decidir cuánto cobran por cada trámite. Es por eso que algunos han decidido mantener los aranceles altos y otros han optado por asegurarse el cliente haciendo un pequeño descuento sobre el costo específico de la tramitación en otros lugares facultados, como el Juzgado de Paz. En la municipalidad Con las modificaciones en la justicia de paz, el municipio local se vio desbordado de consultas. Por eso, y pese a reconocer que los funcionarios municipales no son depositarios legales de la fe pública, han decidido comenzar a tramitar gratuitamente aquellos certificados necesarios para obtener algún beneficio municipal. De este modo, la Junta Electoral municipal se ha convertido en el órgano facultado para certificar firmas, declaraciones y documentos que son requisito para obtener alguna concesión o tratamiento especial por parte de la administración local, como por ejemplo una exención de tasas a través del Concejo Deliberante.