Justicia para todos: ¿Saber técnico o social? Algo funciona muy mal en una sociedad cuando la gente común tiene la percepción de que en el Estado se cometen delitos permanentemente pero jamás un juez encuentra responsable alguno. La sociedad está equivocada respecto de qué clase de cosas son acciones indebidas o los jueces no están cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones. La tesis de que es la gente la errada, naturalmente sostenida por los abogados, puede parecer obvia para quien considera el Derecho como un saber especializado, propiedad de los juristas al estilo del saber de los ingenieros, a los cuales con sensatez jamás se les ocurriría tener en cuenta las opiniones populares acerca de cómo construir puentes o edificios. Pero mirado más de cerca, utilizar este criterio para el Derecho es propio de una concepción aristocrática y antidemocrática de la justicia, propia de las épocas en que el pueblo no tenía derecho a opinar sobre las leyes y sólo las padecía como imposiciones de otros. El Derecho, para ser aplicado, debe darse por sabido. Si partimos del supuesto de que el pueblo no entiende lo que los jueces saben, tenemos que concluir forzosamente que se castiga o se absuelve sin que los sujetos comprendan el porqué de una u otra cosa: el acto del juez queda como una pura arbitrariedad, por más que se base en una biblioteca entera, comprensible sólo para sus pares pero fuera de la comprensión de aquellos a quienes se les aplica la ley. Si esta postura aparentemente lógica de los abogados fuera correcta, el juicio por jurados sería incomprensible. Si la gente común no puede comprender qué es el delito, más allá de las formas obvias como el homicidio o el robo a mano armada, sería absurdo que se le diera, como en las sociedades democráticas, el poder de decidir qué es y qué no es delito. Si el tecnicismo jurídico se lleva al extremo de hacer que lo que a todo el mundo le parece no sea, se está cometiendo un delito de lesa democracia: se le está escamoteando la comprensión de las conductas delictivas al pueblo, que aparece reemplazado por una tecnocracia que por vía de interpretación se apropia de un poder legislativo ajeno. No debe olvidarse nunca, respecto de este asunto, que el poder de decidir qué cosa es delito o no en una democracia pertenece al pueblo, y que los jueces deben limitarse a aplicar la normas en la interpretación más sensata, sensatez que no puede dejar de lado la sensibilidad del pueblo legislador ni autosustentarse en criterios propios elaborados y justificados por y para la cofradía jurídica. Que un pueblo conozca sus leyes no puede querer decir nada distinto a que comprenda el sentido de las conductas prohibidas o permitidas, es decir, que pueda juzgarlas. Bajo ningún punto de vista consistente con la idea de democracia puede seguir admitiéndose que la determinación de las conductas delictivas siga considerándose un saber técnico de especialistas que hacen una interpretación propia de las leyes, completamente incomunicada con el sentido común jurídico de un pueblo.