Jóvenes ocuparon tierras de la Colonia Penal Hace mucho que en Roca no se hablaba de asentamientos ilegales, tal vez porque los pocos que existen están ubicados en zonas alejadas del casco urbano. Este nuevo asentamiento que se generó en las primeras horas de la semana pasada, encuentra un eje común entre sus protagonistas: son en su mayoría jóvenes que quieren acceder a la casa propia. El domingo a la noche -cansados de pedir las tierras en el municipio, según dijeron ellos- una treintena de personas decidió tomar las tierras descampadas ubicadas en calle del Libertador y Mendoza. Una de las razones por la cual estas personas decidieron ocupar las tierras es el deseo de independizarse de sus familias. Son en su mayoría madres jóvenes con varios hijos, desocupados y nuevos matrimonios. Además se encuentran con un serio obstáculo, que es el económico, que en el caso de las mujeres se traduce en el solo beneficio de un Plan Jefes de Hogar. Estas circunstancias hicieron que los vecinos se constituyeran en una asamblea para delinear qué hacer para solucionar su problema de vivienda. Así fue que optaron por asentarse en las tierras de la barda, propiedad del Servicio Penitenciario Nacional. Antes de esto, aseguran haber probado suerte en el IPPV (Instituto provincial para la vivienda), adonde recurrieron para pedir alguna de las casas que el instituto tiene desocupadas en el barrio. Al decir de los vecinos, en el IPPV les negaron en reiteradas oportunidades acceder a una de esas viviendas, asegurando que tenían propietarios, aunque estos no las ocuparan. Después vinieron los pedidos en el municipio, pero la oficina de tierras no está entregando terrenos fiscales desde abril del 2002. Con el invierno encima y apresurados por empezar una nueva vida en casa propia, el lunes, 80 familias emprendieron un trabajo en las hectáreas de la colonia penal. Aunque los ocupantes aseguraron el pasado lunes que iban a resistir cualquier intento de desalojo, no fue necesaria una medida de esa naturaleza. Durante la semana mantuvieron reuniones en el municipio con el secretario de gobierno, quien tomó parte en el asunto solo como intermediario, ya que finalmente quienes deberán decidir la suerte de esta tierras y de sus ocupantes serán las autoridades del Servicio Penitenciario. Sin embargo en las últimas horas de la semana pasada la justicia intimó a los ocupantes a desalojar las tierras. Autoridades municipales reconocieron que no quedan tierras fiscales para entregar. Intiman a los ocupantes La Justicia Federal intimó a las familias que están tomando las tierras de la Colonia Penal a deponer su actitud, atentos a las acciones legales que se puedan iniciar en su contra. Los representantes de la justicia federal se apersonaron en las tierras de la calle Libertador para informar a las cerca de 80 familias usurpadoras de las posibles medidas de desalojo. La denuncia la efectuaron autoridades del Servicio Penitenciario federal, quienes decidieron presentarse a la justicia luego de que los vecinos no llegaran a un acuerdo con el municipio roquense. Si bien la justicia no puso un plazo para el desalojo informó que hoy volverán al lugar para identificar a los ocupantes.